La Bola de Cristal
Se avizora triunfo para Quintana Roo
Rogelio RIVERO
El Senado de la República considera correcto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, mediante la acción de la controversia constitucional, resuelva la litis que se presente sobre conflictos de límites territoriales. Asimismo, consideraron que la Corte es la que conoce de las controversias constitucionales, en razón al principio de la división de poderes, “el cual, se constituye como el dogma rector del Estado mexicano, que evita la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias constitucionalmente previsto”.
Además, recordaron, que el Poder Judicial es el encargado de velar por el cumplimiento del principio de supremacía constitucional. Por ello, afirmaron en el dictamen que: “Esta colegisladora llega a la firme convicción de que el Senado de la República, invade materialmente las facultades del Poder Judicial establecidas en el artículo 105 constitucional, al convertirse en un tribunal especial, prohibido por el artículo 13 de la ley fundamental”.
Por su parte, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, manifestó en el dictamen remitido al pleno legislativo que, “después de hacer un análisis exhaustivo a la minuta enviada por el Senado de la República, ha llegado a la convicción de emitir dictamen en sentido positivo”. Y cabe mencionar que el análisis realizado por esta Comisión estuvo dirigido por y basado en el conocimiento y experiencia del que era su presidente, el jurista Juventino Castro y Castro, ex ministro de la Corte y diputado federal fallecido el pasado 8 de abril. Este es el dictamen que ya se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados con 0 en contra y 2 abstenciones.
Esto quedó así, ya que la reforma constitucional de 2005, a los artículos 46, 76 y 105, que le dan competencia al Senado de la República para conocer de conflictos en materia de límites territoriales, facultad que tenía la Suprema Corte, actualmente vulneran la autonomía de este órgano jurisdiccional, al convertirlo en un órgano ejecutor del cumplimiento de las decisiones del Senado la República, por ello, es importante devolver a la Suprema Corte su facultad original como principio del respeto y autonomía de los Poderes de la Unión.
A partir de este momento deberá iniciarse la aprobación, por parte de los congresos estatales, para que a la brevedad posible el conflicto de límites entre los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo puedan resolverse únicamente por la vía jurídica, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Se cumplió la meta, pero aún más se ha salvaguardado el derecho de los quintanarroenses a que sea la verdad jurídica la que nos dé la razón respecto de los límites territoriales de Quintana Roo con los estados de Yucatán y Campeche”, abundó el diputado federal, Luis García Silva.
Cabe señalar, -puntualizó el legislador quintanarroense-, que fue fundamental el apoyo decisivo del gobernador del Estado y diputado federal con licencia, Roberto Borge Angulo, toda vez que fue posible lograr la dispensa de trámites y con ello ser presentada ante en pleno para su aprobación. Así mismo, agradeció el apoyo indiscutible de los diputados, en particular al líder de la fracción parlamentaria, del presidente de la comisión de puntos constitucionales y de sus compañeros diputados, Susana Hurtado y Carlos Joaquín, en el Congreso de la Unión.
De igual manera García Silva recordó que de esta iniciativa tuvo conocimiento hace tres años, siendo secretario general de la CNOP, tiempo en el que acompaño al presidente del Comité Cívico Prodefensa de los Límites de Quintana Roo, Luis Ramón Villanueva García, al Senado de la República, en donde el senador Pedro Joaquín Coldwell les manifestó su apoyo total para impulsar dicha iniciativa en el sentido de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien dirima y defina de una vez por todas los conflictos de límites territoriales entre los estados peninsulares. Finalmente, reiteró el diputado quintanarroense, que para que entre en efecto esta reforma constitucional tendrá que ser aprobada por al menos la mitad de los congresos locales, y que le congratularía, que el Honorable Congreso de Quintana Roo fuera el primero en el país en aprobarla y que todos los quintanarroenses que conocemos de este hecho sabemos que si este asunto se circunscribe únicamente en el ámbito jurídico, como lo establece esta reforma, Quintana Roo tiene prácticamente ganado el caso.
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