La Bola de Cristal
Entrelíneas
Rogelio Rivero
No se puede poner a los lectores en sus deseos al frente líneas para inducir con apostillas de prensa y en la red de Internet como si fueran la realidad.
Asombran algunos “expertos” reporteros habituales en la prensa nacional y de algunos entes locales en la Internet, con connotaciones contra el Estado, que carecen de enfoque integral, comparativo, histórico y falta de conocimiento.
Se nota un abismo entre la fantasía, de la que hacen gala, y las circunstancias objetivas, con lenguaje panfletero en un libelo difamatorio, opúsculo de carácter agresivo, con lo que creen dicen todo con argumentos insustanciales.
Nada condiciona sus lineales afirmaciones. Desconocen que todo es relativo hacia el desarrollo y progreso del Estado. Pero disertan sobre contextos subjetivos posibles. Mente neófita de la política del Gobierno local, la que es vista con catalejos, desde lejos, por lo que prejuzgan y fanatizan. Pero eso los mueve, en el grado actual del odio que los alimenta.
El Ejecutivo hace las propuestas, el Legislativo las dispone, con 25 diputados en fracciones parlamentarias de todos los colores en los tópicos vinculados al futuro del Estado. Los discuten y hacen acuerdos. Sólo dos hablaron y actuaron, como videntes opositores.
La Constitución del Estado representa el máximo contrato social del cual se derivan las leyes, que son reglas de convivencia acatadas por todos los ciudadanos. En Quintana Roo, en los últimos años, ha habido un intenso proceso de promulgación y reforma de normas, inédito en el sistema democrático.
Se ha legislado por vía de la Legislatura local y a través de la habilitante directa del Gobernador del Estado para, como señalan muchas de las exposiciones de motivo de las leyes, construir un Estado de Derecho y de Justicia establecido en la misma Carta Magna.
La actividad legislativa del Parlamento Local, versus los legisladores de todas las fracciones de los partidos, PAN, PRI, PRD, PV, PT y PC, votaron por gran mayoría una iniciativa de decretos promulgados por el jefe del Ejecutivo del Estado sobre el refinanciamiento y bursatilización de la deuda pública y, que, por estudios posteriores, demuestran que no se crean condiciones para agravar problemas, sino para solucionarlos.
Cabe destacar que el diseño eficiente de los instrumentos legislativos debe partir de un análisis en el cual se ponderen tanto los costos como los beneficios de todos los ciudadanos impactados por esas reglas, con el fin de tomar la decisión de políticas públicas que generen mayor eficiencia y beneficios integrales. Punto
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