La Bola de Cristal
Primero la Corte
Rogelio RIVERO
Este es el año de las secuelas triunfantes que le suceden a Quintana Roo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una ristra de casos que revalida la Constitución. En un medio en el que todos han sido resueltos con prístina claridad, es de agradecer un argumento genuino de constitucionalidad, lo que antes parecía ser una saga, ahora posee esa cualidad.
Todo está en el argumento constitucional, cuando lo que se espera de una segunda parte es precisamente todo lo contrario, una clave de decisión distinta a la hora de contar los votos de los ministros, que aunque al inicio se vende como derrota, en el fondo no lo es. La última notablemente fue el resultado que se le dio la potestad del Tianguis Turístico al gobierno federal.
Los temas de Quintana Roo a discutir en la Suprema Corte han sido grandes, mayormente de arquitectura antagónica, que venían siendo sometidos desde hace algún tiempo por un factor extraño, con protagonistas de múltiples conflictos de intereses cuyo poder, precisamente, le ha sido delegado a líderes opositores.
En ese concierto de constitucionalidad, ahora toca a los ministros de la SCJN la determinación de la legalidad de la demanda del gobierno del Estado de Quintana Roo, que demuestra las irregularidades en las que incurrió el Instituto de Geografía e Informática, INEGI, tras la mutilación a la geografía quintanarroense.
Y a Quintana Roo se le dará la razón porque la Corte no validará la intromisión de sectores multilaterales, como los del INEGI, que se han tomado atribuciones que no les corresponden.
Esta semana han ocurrido las cosas que ilustran lo poderosas que se han vuelto las tres grandes decisiones de la Corte a favor de Quintana Roo, la temporalidad del Concejo Municipal de Bacalar, la posteridad al 2012 a la aplicación de la ley narcomenudeo, la potestad al gobierno federal del Tianguis Turístico, donde se le da oportunidad a Quintana Roo para ser seleccionado como primera sede, y sigue la propuesta para rechazar la controversia interpuesta por el Ejecutivo estatal en contra del INEGI, la que NO fue aprobada por cuatro de los cinco integrantes de la Segunda Sala de la Corte.
Y lo anterior indica que la demanda de controversia cobra fuerza, sigue vigente, aunque en el argot político se decía que “primero Dios, luego la Corte”, ahora se afirma que, “primero la Corte y luego… la Corte”.
Y se decidió con cuatro ministros la calificación de duda de legalidad del INEGI, enviándola de un solo envión a la categoría de controversia constitucional ocurrida por el gobierno de Quintana Roo.
Más allá, el punto es que a estas alturas las calificaciones en la Corte tienen ya el poder de la profecía cumplida, con este rating, Quintana Roo no tendrá más problemas cuando se deseche el censo del INEGI, lo que a su vez se hará más probable.
El otro, que dentro del suceso hecho por el INEGI es todavía más ilustrativo. Más allá de los detalles de cada uno de estos hechos, que son muchos, el punto es que hay un mal que ha adquirido una influencia desproporcionada dentro de los habitantes de la franja limítrofe en cuestión. Este factor está sujeto a muchos conflictos de interés y sus decisiones que provocan variantes de externalidades. Punto
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