La Bola de Cristal
Reclama Quintana Roo al INEGI
Rogelio RIVERO
El Estado reitera el principio de estricta legalidad a lo que el INEGI se refiere a las 191comunidades en litigió limítrofe que fueron dadas al Estado de Campeche, en primer término, en dolo eventual para Quintana Roo.
Además, a la seguridad jurídica al Estado de Derecho, el órgano legislador local fijó un punto de acuerdo presentado por el diputado priista, en su calidad como presidente de la Gran Comisión de la XIII Legislatura en el Congreso del Estado, Eduardo Espinosa Abuxapqui, y con la fuente de leyes que emanan para poner una controversia constitucional ante la SCJN, los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en una demanda de poderes conjunta y además, de nulidad a la decisión del INEGI, que las comunidades de este lado las dictó a favor del Estado de Campeche, lo cual carece de validez mientras dure el litigio limítrofe de marras en la Suprema Corte.
Con ese vinculante estudio del INEGI, la entidad campechana acoge toda la región de Calakmul y su presupuesto del dineral federal. Y se insistirá en el cambio que necesita Quintana Roo en aras de implementar la tutela de las comunidades que están del lado quintanarroense de forma plena de acuerdo con los estándares constitucionales que están nuevamente de regreso en la SCJN.
Se debe describir claramente las características del hecho Constitucional cobrando vida en este último aspecto el principio de ley estricta o mandato de certeza, con lo cual se evitarán descripciones típicas indeterminadas o vagas.
Por su parte, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Lizbeth Song Encalada, dijo que existe otra controversia en la Suprema Corte de Justicia, donde Quintana Roo, está haciendo valer sus derechos, debido a que el censo 2010 realizado por el INGI, perjudica al estado ya que de acuerdo a los resultados es el presupuesto que se recibe.
Existe un acuerdo en el pleno judicial para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado se una a la controversia presentada por el Gobierno del Estado en cuanto al caso del conflicto de la zona limítrofe, por lo que será presentado el documento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La magistrada dijo que la moneda está en el aire y serán los ministros los que tendrán la última palabra para saber si se gana el proceso.
“Entendemos que son los tres poderes, hay que cumplir en tiempo y forma, el tiempo se presentó, ahora hay que subsanar y los otros dos poderes, en este caso lo tengo entendido, que la Legislatura se adhirió mediante un acuerdo de la misma y lo mismo hizo el Poder Judicial mediante un acuerdo en el pleno”
Finalmente la funcionaria, al preguntarle qué tanto afectó al presupuesto que recibe el Estado por los resultados del censo realizado por el INEGI, dijo: “Desconozco la cantidad pero fue una buena rasurada”.
Y en decisión plenaria, unánime, los diputados locales están listos para adherirse como poder Legislativo, a los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, con la finalidad de interponer la demanda en contra del INEGI, toda vez, que los planos cartográficos que se están manejando oficialmente en el Estado de Quintana Roo, obviamente elaborado por la dependencia federal, no coincide con lo que marca la Constitución. Punto
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