La Bola de Cristal
SCJN dará la razón a Quintana Roo
Rogelio RIVERO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con los suficientes argumentos asentados en el expediente conformado en un historial por más de mil fojas del caso de la Controversia Constitucional del conflicto de límites entre Quintana Roo, Campeche y Yucatán, para fallar a favor de la entidad quintanarroense y, con ello, le sea respetado su territorio establecido desde su creación, en 1974, como Estado Libre y Soberano.
Frente a ese dato de colosal envergadura, e irrestricto sentido legal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con los gobiernos regionales y local, tendrían que activar todos los mecanismos legales, financieros y logísticos para que los sectores que viven en la franja limítrofe constaten su identidad.
El conflicto limítrofe entre estas tres entidades ha traído consigo a sus Gobiernos serios problemas en atención de servicios médicos, educación, seguridad pública, apoyo al campo, entre otros rubros. Incluso, los habitantes de esta franja en disputa tienen credenciales de elector de las dos entidades.
Los sectores rurales que lograron levantar edificaciones en los terrenos más escarpados y que fueron mutilados por el INEGI, ahora con la decisión de la SCJN, tengan la certeza de qué lado están y que formarán parte de las iniciativas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.
El camino adoptado por el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo del Estado de Quintana Roo, corren en dirección correcta a lo que el buen juicio aconseja. La controversia constitucional por el lío limítrofe la giró a la SCJN el gobernador quintanarroense, Mario Villanueva Madrid, luego del “albazo de año nuevo” del 31 de diciembre de 1996 que propinó el entonces gobernador campechano, Salomón Azar García, al proclamar Calakmul municipio, agandallándose todo para el estado de Campeche.
Y también se convirtió en adalid al exculparse a priori de delitos existentes, desde ese entonces, los quintanarroenses tienen que pasar la mayor parte de su tiempo defendiéndose de las acusaciones de un gobierno rapaz y calumniador, en vez de aprovechar el conocimiento y la experiencia de desarrollo endógeno, por lo cual Campeche carece de vínculos históricos de cooperación con la hermandad en la vida peninsular.
De hecho, el Congreso del Estado demandó al INEGI con base al análisis y preparación de documentos jurídicos, junto con los Poderes Ejecutivo, y Judicial, para que corrija la cartografía.
Y hoy estará en ciernes el corolario en la Suprema Corte para darle la razón jurídica a Quintana Roo, y así se tendrá que corregir la larga cadena de desaciertos que, con tecnicismos, el INEGI le expropió 191 comunidades al territorio quintanarroense, más los miles de kilómetros agenciados por Campeche, donde los damnificados siguen deambulando como ánimas en pena, y esas mismas poblaciones casta de quintanarroenses necesitan reafirmar una identidad más digna y confiable. Punto
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